Encuesta Universidades Eficientes

Estimados amigos, les acerco el último sondeo de opinión denominado "Universidades Eficientes" preparatorio El III Encuentro Internacional de Rectores Universia que tendrá lugar los días 28 y 29 de julio de 2014 en Rio de Janeiro, Brasil, bajo el lema “La Universidad del Siglo XXI: Una reflexión desde Iberoamérica”

Si tienen tiempo no dejen de hacerlo, es muy interesante: encuesta

Un caso de financiamiento de la Universidad de la República de Uruguay

Desde hace tiempo venimos manifestando que debe existir en Argentina un sistema de precios para la educación superior, como una forma de internalizar los costos y las externalidades de la mencionada educación. Siempre el discurso reduccionista se baso en arancel si o arancel no, pero nunca se discutió el para que, el como y el por que.
Proponer el sistema de arancel como única forma de financiamiento es ignorar la experiencia internacional y nacional, sobre la ineficacia o la imposibilidad de este mecanismo (volveremos en otro post sobre este punto destacando las ventajas y desventajas del sistema y sobre todo destacando los presupuesto de las mayorías de las grandes universidades y sus fuentes de financiamiento).
Además un arancel debe estudiarse con la correspondiente estructura tributaria de una nación, así como con el sistema global educativo y el nivel de distribución del ingreso en general de la población.
Pero desde el lado de los que proponen la gratuidad (falsa como veremos en otro post porque siempre alguien paga), parecen ignorar que la composición de los estudiantes de las universidades públicas no se caracteriza por provenir de las clases menos aventajadas de la sociedad.  Siempre se cita como ejemplo como puede ser que si estudiantes que pagaron entre U$S 100 a U$S 250 ( en Tucumán)  por la educación media, al ingresar a la Universidad Pública su costo es 0.
De vuelta no es un problema de financiamiento exclusivo, es la necesidad imperiosa de "formar" y "educar" a nuestros estudiantes en la cultura del esfuerzo.
Un alternativa explorada en la UBA fue crear un fondo de becas para los estudiantes de menos recursos , con fondos que aportan sus egresados en forma voluntaria.
Pero lo que acabo de leer de la experiencia de la Universidad de la República de Uruguay, me pareció excelente, se crea el mismo fondo con la misma finalidad pero con el aporte "obligatorio" de los egresados de cinco años de ejercicio de profesión.
Ver nota acá.

Las ventajas de este sistema en eel actual contexto Argentino las desarrollaremos en otro post, cuando lo comparemos con el sistema de crédito universitario de Chile en abstracto mucho más eficaz.

Solo pensemos por un momento este tema, aunque parezca tabú para el reformismo o un pensamiento progresista.

Pero generaría un mayor vinculación y control de los egresados, los alumnos sabrían que lo que "usufructúan" deberá ser pagado el día de mañana, no para desatender una obligación del estado, sino para contribuir a que otro "estudiante potencial" pero sin recursos a veces para "comer" (y no miremos para el costado porque en la Argentina hay mucha gente que aún no tiene las necesidades básicas satisfecha) pueda ingresar a la Universidad.

Esto si sería reformista.

Costo de la educación superior: ¿quién paga?

Columna publicada en El Mercurio, página de Educación, domingo 27 septiembre 2009.

Costo de la educación superior: ¿quién paga?

José Joaquín Brunner

Suele destacarse, con razón, que Chile ostenta uno de los más altos índices de esfuerzo de los hogares para el financiamiento de la educación superior.

Efectivamente, mientras en nuestro país las familias y los estudiantes contribuyen con un 83% del gasto total en instituciones de educación terciaria, en los países miembros de la OCDE dicha cifra oscila entre 4% en Dinamarca y 53% en la República de Corea, sin superar un 20% en el promedio de estos países.

Una parte de la explicación radica en el bajísimo gasto público que se destina en Chile a la educación superior; apenas un 0,3% del PIB, siendo el gasto privado de un 1,4% del PIB. En cambio, en el promedio de la OCDE, dichas cifras son, respectivamente, 1% y 0,5%.

Vivimos pues en mundos diametralmente distintos. Una diferencia es la proporción de estudiantes matriculados en instituciones privadas sin subsidio estatal: un 14,2% en carreras técnico-vocacionales y un 13,7% en programas académico-profesionales dentro del mundo OCDE, por oposición a Chile donde las cifras correspondientes son 90% y 43%.

Otro contraste: en nuestro país también los estudiantes inscritos en instituciones con subsidio fiscal pagan un elevado precio, a diferencia de lo que ocurre en varios países de la OCDE, donde solamente pagan un mínimo en ese tipo de instituciones.

Dicho a la manera de los debates televisivos, estaríamos aquí frente a un mundo neoliberal donde la educación superior se compra, en oposición a otro fraternal y solidario donde ella se dona generosamente por el Estado.

La verdad es otra, sin embargo. Primero, el mundo gratuito de la educación terciaria se halla en retirada no sólo en Asia, Europa Central y del Este y los países ricos del Pacífico, sino también en el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y otros antiguos bastiones del Estado de bienestar.

Enseguida, la provisión fuertemente subsidiada de enseñanza terciaria, allí donde subsiste, se compensa con altas tasas impositivas para personas y empresas. Por ejemplo, en Dinamarca los ingresos tributarios recolectados por el gobierno representan un 36% del PIB; en Chile es apenas alrededor de un 20%.

Cabe preguntar, entonces, si acaso se justifica el extraordinario esfuerzo en que incurren las familias chilenas para financiar la educación superior de sus hijos. Todo parece confirmarlo.

Los jóvenes en posesión de un título se encuentran no sólo mejor protegidos de los vaivenes del desempleo y gozan de una serie de beneficios no-monetarios, sino que obtienen, además, un importante premio salarial en el mercado de trabajo.

En efecto, mientras en los países de la OCDE los graduados universitarios reciben en promedio remuneraciones 1,6 veces superiores a las que obtienen personas con educación media completa, en Chile dicha diferencia es de casi 4 veces según cifras recientes.

En suma, la educación superior es cara y en todas partes la financian, al final, los hogares. Pueden hacerlo directamente, por la vía de aranceles y otras tasas pagadas a las instituciones, o bien de manera indirecta, a través de los impuestos.

En Chile se ha optado por el primer camino. Sin embargo, la contribución de las familias y de los propios beneficiados se ha vuelto insostenible para la mayoría, a pesar de los esquemas de crédito estudiantil y de becas existentes. Éstos necesitan ser racionalizados y ampliados, para lo cual es imprescindible un mayor gasto fiscal.

El próximo gobierno deberá elegir entre aumentar dicho gasto por el camino de una mayor tributación o reasignando fondos públicos y empleándolos de manera más eficiente.