Universidad y democracia, entre la expansión y la catástrofe académica Explosión educativa.
¿Qué cambió durante los treinta años de democracia, 1983-2013, en el sistema de educación superior de Argentina? Ante todo, sin duda, la libertad de pensamiento, el pluralismo ideológico. Y junto con esto, una gran creatividad intelectual. Se produjo una explosión de libros, artículos e investigaciones. No podemos olvidar esto luego del terrorismo de Estado 1976-1983.
Lo más notable es la expansión del acceso a la educación superior.
En 1982 había 139.443 estudiantes en las universidades nacionales; en 2010, 1.718.507. La matrícula se multiplicó por 12. Y muchos más aun si tenemos en cuenta las universidades privadas y los institutos de educación superior no universitaria, con lo que llegamos en 2014 a más de 2.400.000 estudiantes. El predominio de las universidades públicas se mantuvo en todo el período, pero las instituciones privadas también crecieron. En 1980 había 52 universidades, de las cuales 26 eran estatales.
En 2013 se llega a 120 universidades, entre las cuales 47 son públicas y 49 privadas, además de 7 institutos universitarios estatales y 14 privados. Contra un promedio de 54% de matrícula privada en América Latina, en Argentina la relación ha oscilado en torno a un 80% público y un 20% privado. En promedio, se puede decir que durante el período 1983-2013 la tasa de graduación en las universidades nacionales oscila en torno al 20%, y en las universidades privadas en torno al 30%.
En América Latina se aproxima al 50%. El volumen del fracaso académico en Argentina es tan alto que se puede hablar de una catástrofe pedagógica. Algunos autores hablan de “inclusión excluyente”, un oxímoron que combina amplio acceso con fracaso académico masivo.
También se produjo una gran diversificación del acceso a la educación superior. En este sentido, la “cobertura” del sistema de educación superior argentino es la más amplia y distribuida de América Latina. Mientras, las mujeres fueron ocupando posiciones más relevantes. En 1986 tenían el 53% de la matrícula, y en 2010 el 56%. En graduados, en 2010 el 60% corresponde a las mujeres. En la planta docente, las mujeres ocupan el 48% de los cargos, mientras que en el sistema científico nacional llegan al 47%.
Desde el comienzo del período democrático en las universidades nacionales surgió la inquietud por la valorización de la actividad científica que había estado limitada durante la dictadura. El número de investigadores creció exponencialmente, las universidades nacionales fueron creando desde 1985 sus secretarías de Ciencia y Técnica, las publicaciones con referato se incrementaron y también los fondos para investigación.
Un acontecimiento notable del ciclo 1983-2013 es el surgimiento de proyectos universitarios ligados a las necesidades sociales, a la cooperación con empresas y organismos del Estado, al desarrollo de emprendimientos empresariales y sociales. Hacia 2006 las universidades nacionales administraban 600 proyectos de este tipo y facturaban por sus servicios cerca de 200 millones de dólares por año.
Otro hecho notable ha sido la expansión de carreras de posgrado, que pasaron de menos de un centenar hacia 1980 a cerca de 750 en 1995 y a 1.642 en 1999. El número de estudiantes de posgrado en todo el país pasó de 39.725 en 2000 a 111.471 en 2010. Mientras que el número de estudiantes de doctorado pasó de 6.046 en 2000 a 11.548 en 2007, y en 2010 llega a la cifra de 18.248. En 1984, el porcentaje de doctores en el cuerpo de profesores no alcanzaba al 5%. Ahora, más del 20% de los docentes posee un título de doctor.
Desde 1986 aparece el debate sobre los problemas de la eficiencia académica y la gestión. Con la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior (1995) se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que sirvió para fortalecer los mecanismos de evaluación externa y acreditación para mejorar la calidad. A partir de 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias, que comienza a preocuparse por la sistematización estadística. En 1996 se crea el Sistema de Información Universitaria (SIU) con el objetivo de asesorar a las universidades nacionales en el proceso de informatización de datos. Pero en el perído democrático hubo una notable resistencia a transparentar los datos de cada universidad y a utilizar la información estadística para la toma de decisiones.
La participación estudiantil funcionó plenamente y se fueron agregando los empleados no docentes a la cogestión. El cogobierno demostró ser un mecanismo ejemplar para involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria. Pero el clientelismo y el sectarismo político crearon situaciones de impasse o de acefalía. Y facilitaron la “privatización” corporativa de muchos sectores de las universidades nacionales. La complejidad de la organización universitaria no estuvo acompañada por un modelo de gestión. En consecuencia, resultó imposible planificar y prever el futuro.
Son raras las universidades que se guían por una política de conocimiento a largo plazo. Resulta evidente que el sistema universitario argentino en los últimos treinta años se expandió. La tasa de escolarización superior es muy alta, pero el 80% de los ingresantes fracasa. Se promueve la investigación científica; sin embargo, cerca de 7 mil científicos argentinos trabajan en el exterior por falta de oportunidades en el país.
La potencialidad del sistema de educación argentino es enorme, pero dos problemas principales ensombrecen su perfomance: los bajos rendimientos académicos de los alumnos y las fallas en el sistema de gestión. Este sufre un gran atraso en la informatización de sus estructuras. Son interrogantes necesarios para mejorar los rendimientos académicos.
En 1982 había 139.443 estudiantes en las universidades nacionales; en 2010, 1.718.507. La matrícula se multiplicó por 12. Y muchos más aun si tenemos en cuenta las universidades privadas y los institutos de educación superior no universitaria, con lo que llegamos en 2014 a más de 2.400.000 estudiantes. El predominio de las universidades públicas se mantuvo en todo el período, pero las instituciones privadas también crecieron. En 1980 había 52 universidades, de las cuales 26 eran estatales.
En 2013 se llega a 120 universidades, entre las cuales 47 son públicas y 49 privadas, además de 7 institutos universitarios estatales y 14 privados. Contra un promedio de 54% de matrícula privada en América Latina, en Argentina la relación ha oscilado en torno a un 80% público y un 20% privado. En promedio, se puede decir que durante el período 1983-2013 la tasa de graduación en las universidades nacionales oscila en torno al 20%, y en las universidades privadas en torno al 30%.
En América Latina se aproxima al 50%. El volumen del fracaso académico en Argentina es tan alto que se puede hablar de una catástrofe pedagógica. Algunos autores hablan de “inclusión excluyente”, un oxímoron que combina amplio acceso con fracaso académico masivo.
También se produjo una gran diversificación del acceso a la educación superior. En este sentido, la “cobertura” del sistema de educación superior argentino es la más amplia y distribuida de América Latina. Mientras, las mujeres fueron ocupando posiciones más relevantes. En 1986 tenían el 53% de la matrícula, y en 2010 el 56%. En graduados, en 2010 el 60% corresponde a las mujeres. En la planta docente, las mujeres ocupan el 48% de los cargos, mientras que en el sistema científico nacional llegan al 47%.
Desde el comienzo del período democrático en las universidades nacionales surgió la inquietud por la valorización de la actividad científica que había estado limitada durante la dictadura. El número de investigadores creció exponencialmente, las universidades nacionales fueron creando desde 1985 sus secretarías de Ciencia y Técnica, las publicaciones con referato se incrementaron y también los fondos para investigación.
Un acontecimiento notable del ciclo 1983-2013 es el surgimiento de proyectos universitarios ligados a las necesidades sociales, a la cooperación con empresas y organismos del Estado, al desarrollo de emprendimientos empresariales y sociales. Hacia 2006 las universidades nacionales administraban 600 proyectos de este tipo y facturaban por sus servicios cerca de 200 millones de dólares por año.
Otro hecho notable ha sido la expansión de carreras de posgrado, que pasaron de menos de un centenar hacia 1980 a cerca de 750 en 1995 y a 1.642 en 1999. El número de estudiantes de posgrado en todo el país pasó de 39.725 en 2000 a 111.471 en 2010. Mientras que el número de estudiantes de doctorado pasó de 6.046 en 2000 a 11.548 en 2007, y en 2010 llega a la cifra de 18.248. En 1984, el porcentaje de doctores en el cuerpo de profesores no alcanzaba al 5%. Ahora, más del 20% de los docentes posee un título de doctor.
Desde 1986 aparece el debate sobre los problemas de la eficiencia académica y la gestión. Con la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior (1995) se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que sirvió para fortalecer los mecanismos de evaluación externa y acreditación para mejorar la calidad. A partir de 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias, que comienza a preocuparse por la sistematización estadística. En 1996 se crea el Sistema de Información Universitaria (SIU) con el objetivo de asesorar a las universidades nacionales en el proceso de informatización de datos. Pero en el perído democrático hubo una notable resistencia a transparentar los datos de cada universidad y a utilizar la información estadística para la toma de decisiones.
La participación estudiantil funcionó plenamente y se fueron agregando los empleados no docentes a la cogestión. El cogobierno demostró ser un mecanismo ejemplar para involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria. Pero el clientelismo y el sectarismo político crearon situaciones de impasse o de acefalía. Y facilitaron la “privatización” corporativa de muchos sectores de las universidades nacionales. La complejidad de la organización universitaria no estuvo acompañada por un modelo de gestión. En consecuencia, resultó imposible planificar y prever el futuro.
Son raras las universidades que se guían por una política de conocimiento a largo plazo. Resulta evidente que el sistema universitario argentino en los últimos treinta años se expandió. La tasa de escolarización superior es muy alta, pero el 80% de los ingresantes fracasa. Se promueve la investigación científica; sin embargo, cerca de 7 mil científicos argentinos trabajan en el exterior por falta de oportunidades en el país.
La potencialidad del sistema de educación argentino es enorme, pero dos problemas principales ensombrecen su perfomance: los bajos rendimientos académicos de los alumnos y las fallas en el sistema de gestión. Este sufre un gran atraso en la informatización de sus estructuras. Son interrogantes necesarios para mejorar los rendimientos académicos.
*Ph.D. Profesor de la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario